LA VIVIENDA EN ESPAÑA “De aquellos barros estos lodos”

COSAS DE GELY 

  LA VIVIENDA EN ESPAÑA “De aquellos barros estos lodos”

El problema de la vivienda que hoy sufren millones de españoles, no es un accidente ni una casualidad de la economía, sino el resultado acumulado de décadas de malas decisiones políticas, avaricia corporativa y una descarada especulación, que convirtió un derecho humano básico, en un producto de lujo inalcanzable.

Todo comenzó a fraguarse hace años, cuando el gobierno de José María Aznar aprobó una ley que permitía construir casi en cualquier parte, abriendo de par en par la puerta a la especulación con el suelo. Poco después, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la situación continuó igual: los bancos daban créditos con demasiada facilidad y se construyeron casas a un ritmo récord. Cuando esta enorme burbuja estalló en 2008, la economía se hundió y miles de familias se quedaron en la calle, dejando al país sembrado de viviendas vacías.

Para salvar a los bancos del desastre que ellos mismos habían provocado, el Estado creó la SAREB, el famoso "banco malo", se creó en el año 2012 bajo el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy con el objetivo de recapitalizar a un conjunto de entidades financieras afectadas por la crisis. Fue una herramienta más del llamado rescate a la banca española, que corrió por cuenta de todos los contribuyentes y generó una deuda avalada por el Estado de más de 50.000 millones de euros, acumulando miles de pisos pagados con el dinero de todos. 

Sin embargo, en lugar de usar esas casas para ayudar a la ciudadanía, Mariano Rajoy, prefirió malvender ese patrimonio público a grandes fondos de inversión extranjeros, conocidos popularmente como "fondos buitre". Estos fondos compraron barrios enteros a precio de saldo y hoy controlan el mercado, subiendo los alquileres a su antojo y forzando desahucios masivos. Como dije anteriormente, Mariano Rajoy, destinó unos 50.000 millones de euros de fondos públicos, para rescatar a los bancos y se olvidó de las personas.

Pero el ejemplo más sangriento de este mal hacer, ocurrió en Madrid en 2013, cuando la alcaldesa Ana Botella, señora de Aznar, vendió de golpe 1.860 viviendas de protección oficial, al fondo estadounidense Blackstone, por solo 70.000 euros cada piso. Aquella operación, destinada a familias vulnerables que terminaron siendo expulsadas, fue tan grave que el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar una indemnización millonaria por destrozar el patrimonio público. Y aunque años más tarde la justicia reconoció el derecho de los inquilinos a recuperar sus casas, el daño moral y social ya estaba hecho.

Diez años después, en 2022, bajo el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, se incorporaron a la Sareb los principios de sostenibilidad y utilidad social, como parte del proceso de optimización del valor de los activos que gestionaba la sociedad. Además, se incluyó en el mandato de la Sareb la cesión de viviendas a entidades públicas para el desarrollo de políticas de vivienda social.

El Estado se hizo con el control de la Sareb para cambiar su cometido, de modo que las viviendas y suelos que contribuyeron al rescate de las entidades financieras serían cedidas a la nueva empresa pública de vivienda para servir al interés general. Asimismo, el Gobierno aplicó la función social a los activos de la Sareb. Desde 2022, se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social en viviendas de la Sareb. Puedes leerlo aquí

El reflejo de toda esta impunidad lo padecemos en la durísima situación actual. Hoy en día, España vive una auténtica emergencia social, con los precios del alquiler y de la compra en máximos históricos. Las familias españolas se ven obligadas a destinar, de media, casi el 40% de sus ingresos solo para pagar el alquiler, una cifra que en las grandes ciudades devora sueldos enteros. La escasez de oferta es tan asfixiante que por cada anuncio de piso se presentan decenas de interesados en cuestión de minutos, mientras se exigen filtros draconianos que dejan fuera a los más vulnerables. 

Compartir piso ya no es una etapa de estudiante; se ha convertido en la única opción para miles de trabajadores, e incluso familias enteras atrapadas en lo que ya se denomina un "chabolismo vertical". Mientras los jóvenes ven imposible independizarse, los desahucios de personas mayores y familias vulnerables siguen copando las portadas y encendiendo las protestas en las calles de todo el país.

Para salir del pozo en el que nos han metido los políticos del pasado y los especuladores del presente, ya no sirven las promesas vacías ni los parches legislativos que no funcionan. Hace falta voluntad política real para castigar con impuestos a quienes especulan con los techos de la gente, prohibir de forma drástica los pisos turísticos que vacían nuestros barrios y obligar a los grandes fondos a ceder sus viviendas vacías para alquiler social. 

El Estado tiene la obligación urgente de asumir su responsabilidad aumentando masivamente el parque público de vivienda, que en España da vergüenza al rozar apenas el 1,5% frente a la media europea. Al fin y al cabo, la vivienda debe ser un derecho humano para vivir con dignidad, y no una mercancía para que unos pocos se sigan haciendo multimillonarios a costa del sufrimiento, la ansiedad y las lágrimas de la mayoría.

Mariano Rajoy creó el marco legal y financiero que propició el desembarco masivo de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.  El Gobierno de Mariano Rajoy estableció una exención fiscal mediante un tipo de gravamen del 0 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades para estimular la entrada de inversores institucionales en el mercado del alquiler. Este marco legal y financiero facilitó la entrada masiva de fondos de inversión internacionales para operar carteras de viviendas en España. Para más detalles, puedes consultar la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado.