DEBERÍA UN POLITICO ANTES DE IR EN UNA LISTA HACERSE UN EXAMEN PSQUIÁTRICO

COSAS DE GELY

  

DEBERÍA UN POLITICO ANTES DE IR EN UNA LISTA HACERSE UN EXAMEN PSQUIÁTRICO 

 

¿Deberían los políticos pasar un examen psiquiátrico antes de presentarse a elecciones?

Cada vez que escuchamos hablar de un escándalo de corrupción, de un político cuyo comportamiento deja mucho que desear o de aquellos que se aferran al poder a toda costa, muchos nos preguntamos si realmente las personas que ocupan cargos públicos están en las condiciones adecuadas para ejercer funciones de responsabilidad. Y es que, si algo está claro, es que un puesto público requiere de personas con cualidades humanas y emocionales estables, que sean capaces de tomar decisiones que afecten a millones de ciudadanos sin que sus intereses personales o su salud mental interfieran.

Imaginemos por un momento que, por ley, todos los partidos políticos tuvieran que someter a un exhaustivo examen psicológico y psiquiátrico a aquellos que deseen formar parte de sus listas electorales, ya sea a nivel nacional, autonómico, municipal o europeo. Exámenes que, además de evaluar la estabilidad emocional de los candidatos, también busquen determinar si tienen la capacidad para gestionar la presión, el poder y el bienestar colectivo. ¿No sería esto lo más lógico? Después de todo, ¿quién querría que alguien en un cargo de alto nivel, esté mentalmente inestable o manipulado por intereses oscuros?

Lo cierto es que, en muchos casos, parece que los partidos políticos priorizan el poder sobre las personas. Nos encontramos con figuras que, más allá de sus propuestas o cualidades políticas, terminan destacando por sus comportamientos, sus relaciones sospechosas o sus actitudes que rayan en lo inaceptable. Casos como los de Koldo, Ábalos o Cerdán, por ejemplo, han sido un claro reflejo de cómo el PSOE ha tomado cartas en el asunto. Cuando se descubrieron vínculos con la corrupción o comportamientos cuestionables, el PSOE no dudó en expulsarlos del partido y pedirles que abandonaran el acta de diputados. Sin embargo, esta actitud tan clara y firme en un partido, contrasta con la pasividad que vemos en otras formaciones, como el PP, que nunca actúa con la misma contundencia cuando se trata de sus propios miembros.

Tomemos como ejemplo al PP, uno de los partidos que, a menudo, exige altos estándares éticos a sus adversarios, como si ellos mismos estuvieran libres de manchas. Pero la realidad es otra. Este mismo partido ha estado rodeado de numerosos casos de corrupción, muchos de ellos judicialmente abiertos. La trama Gürtel, el caso Bárcenas o el caso Lezo, por citar solo algunos, son solo la punta del iceberg de una larga lista de escándalos que involucran a personajes de renombre dentro del PP. Si esto es asi.

¿Por qué entonces, no se aplican las mismas normas éticas y de transparencia que exigen al PSOE en el caso de Koldo y otros implicados?

Si el PP pide a gritos la dimisión de sus rivales por casos de corrupción, ¿no deberían ser igualmente rigurosos con sus propios miembros? La política debe ser, por encima de todo, un espacio para la honestidad, la responsabilidad y la transparencia. No es justo que se aplique una vara de medir diferente dependiendo del partido al que se pertenezca. Y esto esprecisamente, lo que el PP, injustamente lleva haciendo con sus adversarios, desde que existe como partido político. 
 

Por último, y para rematar el círculo de la hipocresía política, tenemos el caso de Alberto González Amador, el actual novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este hombre está imputado por fraude fiscal, administración desleal, facturas falsas y corrupción en sus negocios. Y, sin embargo, parece que su vinculación con el entorno político madrileño no ha levantado las alarmas como debería. ¿Es que acaso los lazos familiares y sentimentales con figuras de poder pueden pasar desapercibidos o justificarse por encima de la ley?

La ética en la política debe ser universal, sin importar el partido ni las relaciones personales. Los ciudadanos merecen representantes que no solo estén capacitados intelectualmente, sino que también tengan la estabilidad emocional y ética para ejercer su cargo de manera ejemplar. Un examen psicológico y psiquiátrico para los candidatos no parece tan descabellado, si realmente queremos políticos con los pies en la tierra, que no solo representen sus intereses personales, sino el bien común.

Al final del día, la política debería ser un servicio público, no un trampolín para intereses personales o mafias encubiertas. El poder debe estar en manos de aquellos que realmente puedan gestionarlo de manera correcta, no en las de aquellos que lo ven como una forma de enriquecimiento o de juego. 

 

La política debería ser transparente y justa, y si un partido tiene un discurso de ética y moralidad, debería demostrarlo también con sus propios miembros, no solo con los rivales. Lo que el PSOE hace con sus corruptos, el PP también debería hacerlo. Es cuestión de coherencia.

Esta reflexión debería ser un buen recordatorio, de que en la política, las acciones deben hablar más que las palabras, y es ahí, donde partidos como el PP, siguen fallando. 

 

El PP de Feijóo acumula actualmente 28 juicios abiertos por corrupción, con más de 150 cargos públicos implicados. Entre las macrocausas más mediáticas figuran Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Erial, Novo Carthago, el Campus de la Justicia de Madrid y la desaladora de Escombreras en Murcia, además de otros procedimientos menores. La magnitud de las tramas y la relevancia de los implicados -que incluyen a exministros, expresidentes autonómicos y altos cargos- sitúan al PP ante un escenario judicial sin precedentes.