La privatización de las residencias de ancianos ha sido un proceso que se ha acelerado en las últimas décadas, especialmente en países como España, donde el sistema público de atención a la dependencia ha sufrido recortes y deterioro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de plazas públicas en residencias de ancianos pasó de 121 mil en 2008 a ciento seis mil en 2019, mientras que el número de plazas privadas aumentó de 176 mil a 235 mil en el mismo periodo.
Estos factores pueden afectar negativamente a la salud física y mental de los ancianos, así como a su dignidad y derechos. Algunos ejemplos de problemas que se han denunciado en residencias privadas son: el uso excesivo o inadecuado de sujeciones físicas o químicas, la falta de atención individualizada y personalizada, la escasez o el retraso en la prestación de servicios básicos como la alimentación, la higiene o la asistencia sanitaria, la vulneración de la intimidad o la autonomía de los residentes, el aislamiento social o la falta de actividades recreativas o culturales.
Ante esta situación, es necesario plantearse qué medidas se pueden tomar para mejorar la calidad de vida de los ancianos que viven en residencias, tanto públicas como privadas. Algunas propuestas que se han hecho desde diferentes ámbitos son: aumentar el presupuesto público destinado a la atención a la dependencia, garantizar una financiación suficiente y equitativa para las residencias públicas y privadas, establecer unos estándares mínimos de calidad y seguridad para todas las residencias, reforzar la inspección y la sanción ante las irregularidades o las malas prácticas. Fomentar la participación y la voz de los residentes y sus familias en la gestión y funcionamiento de las residencias, promover modelos alternativos de atención centrados en la persona, sus necesidades y preferencias, y potenciar el envejecimiento activo y saludable mediante el acceso a recursos comunitarios y sociales.